Para quienes no estén familiarizados con el término, los conocidos como «adblockers» se configuran como una sencilla funcionalidad informática que permite a los usuarios filtrar los anuncios publicitarios que se despliegan durante la navegación web y evitar así la muchas veces incómoda experiencia de navegar en webs plagadas de anuncios molestos y que dificultan la visualización del contenido deseado.

El conflicto entre anunciantes deseosos de hacer llegar su mensaje comercial a los usuarios y los fabricantes de adblockers, que permiten la anulación de esos mensajes, es una guerra con un doble sesgo de negocio y jurídico, que promete muchas batallas presentes y futuras. No debemos olvidar en este sentido que la publicidad es la principal vía de ingresos para muchas de las páginas web que visitamos a diario y uno de los pilares sobre los que se sustenta la gratuidad de la web. Es, por decirlo de alguna manera, el peaje que los usuarios habíamos aceptado pagar a cambio de disfrutar de contenidos de manera gratuita en Internet.

Y esto era así hasta que una simple tecnología ha roto ese status quo permitiendo, a través de una acción técnica tan sencilla como descargar e instalar un software, no recibir publicidad durante la navegación por Internet. Esto se traduce en que el anunciante paga por anunciarse, pero el anuncio nunca llega al usuario porque éste lo ha bloqueado.

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